El escándalo editorial desatado esta semana por el supuesto uso de inteligencia artificial en la escritura de Donde el agua trabaja, novela del peruano David Silva Rojas, pone de manifiesto una situación que se nos viene encima y cuyas consecuencias para la creación literaria apenas comenzamos a comprender.
Un análisis realizado con el detector Pangram atribuyó a la inteligencia artificial el 99 % del texto de la novela, ganadora del Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat. El resultado fue difundido por la prensa y desencadenó una controversia que llevó a la editorial a suspender las presentaciones de la obra y anunciar una investigación.
El autor ha negado categóricamente haber utilizado IA y asegura disponer de borradores, notas y versiones anteriores que permitirían reconstruir su proceso de escritura. Hasta ahora no se ha demostrado públicamente que haya cometido la infracción de las bases del concurso que se le atribuye. Sin embargo, para una parte de la opinión pública la sospecha parece haberse convertido ya en sentencia.
El verdadero problema
Estamos entrando en una época en la que cualquier escritor podría ver cuestionada la procedencia de su obra por el dictamen de un detector de inteligencia artificial. Un porcentaje elevado puede desencadenar una condena pública sin que exista una demostración concluyente de fraude. La máquina identifica patrones estadísticos; sus resultados pueden constituir indicios relevantes, pero no reconstruyen por sí solos el proceso creativo ni establecen definitivamente quién escribió una obra.
Hay, además, un aspecto que merece atención. Pangram no es una autoridad pública ni una institución dedicada a impartir justicia literaria. Es una herramienta desarrollada y comercializada por una empresa tecnológica. Sus responsables presentan estudios y evaluaciones que respaldan su eficacia, y existen investigaciones independientes favorables a su desempeño. Pero ninguna herramienta es infalible, y una elevada precisión estadística no equivale a una prueba irrefutable en un caso individual.
Tampoco podemos ignorar que existe un mercado de la detección de IA. Cuanto mayor sea la confianza depositada en estas herramientas, mayor puede ser su relevancia comercial. Por eso resulta indispensable examinar críticamente sus resultados, sus márgenes de error y los intereses de quienes las desarrollan, sin confundir una herramienta útil con una autoridad incuestionable.
El problema tampoco termina en los detectores. ¿Qué responsabilidad corresponde a los periodistas que difunden una sospecha? ¿Qué garantías debe ofrecer una editorial antes de tomar decisiones que afectan la reputación de un autor? ¿Cómo deben formularse las bases de los concursos literarios para distinguir entre asistencia tecnológica, colaboración creativa y generación automatizada de una obra?
Urge establecer normas claras, procedimientos transparentes y mecanismos de verificación que permitan investigar posibles infracciones sin convertir al acusado en culpable antes de examinar las pruebas.
Porque existe algo especialmente inquietante en estas controversias: la sospecha puede sobrevivir incluso a su propia refutación. Un escritor puede aportar documentos, reconstruir su trabajo y defender convincentemente su autoría, pero la acusación quizá continúe persiguiéndolo. No solamente durante su vida, sino en la memoria literaria que sobreviva a su muerte.
La inteligencia artificial está transformando la escritura y obliga a reconsiderar nuestras ideas sobre creación, colaboración y autoría. Esa discusión es necesaria. Lo que no podemos permitir es que termine sustituyendo el juicio crítico por la obediencia a un diagnóstico tecnológico.
Corremos el riesgo de inaugurar una época en la que escribir ya no sea suficiente: el escritor tendrá que demostrar que escribió.
