Cómo hemos cambiado

El 9 de octubre de 2024 leí en un medio digital una noticia acerca de la captura, en Santa Ana, de un hombre acusado de acosar sexualmente a una mujer en plena vía pública. El operativo había resultado exitoso y la policía municipal aprovechaba la ocasión para exhibir la modernidad de sus procedimientos:

“La Policía de Santa Ana está implementando inteligencia artificial con análisis para la prevención policial, así como un sistema de bioprotección para la localización de incidentes”.

No quedaba muy claro en qué había consistido el acoso ni cuál había sido la intervención concreta de aquella inteligencia artificial. Tampoco sabíamos si el sistema de “bioprotección” había identificado al sospechoso mediante reconocimiento facial, temperatura corporal, huellas dactilares o una simple llamada telefónica de algún vecino. Pero la expresión sonaba formidable: una mezcla de laboratorio aeroespacial, película futurista y patrulla municipal.

Era inevitable imaginar al presunto acosador rodeado por algoritmos, drones y dispositivos biométricos, cuando quizá lo habían encontrado tambaleándose a cincuenta metros del lugar.

Dos años después recupero aquel texto y comprendo que su verdadero asunto no era el episodio policial. Era el lenguaje: esa necesidad contemporánea de recubrir con terminología deslumbrante incluso las operaciones más elementales. Lo que antes se llamaba vigilancia ahora requiere inteligencia artificial; una llamada de auxilio puede transformarse en “localización tecnológica de incidentes” y un operativo ordinario adquiere apariencia de maniobra estratégica.

Todavía recuerdo al Resguardo Fiscal recorriendo nuestras calles y, posteriormente, a la Guardia Rural con sus métodos rudimentarios de vigilancia. Existen incluso fotografías de policías que patrullaban descalzos. El Organismo de Investigación Judicial tampoco existía entonces: fue creado en 1973 como auxiliar de los tribunales penales y del Ministerio Público.

En medio siglo, Costa Rica cambió de manera vertiginosa. Crecieron la población, las ciudades, la desigualdad, el narcotráfico y la complejidad de las organizaciones criminales. También se transformaron los instrumentos utilizados para investigarlas. Hoy un teléfono puede contener más información sobre un delito que cien interrogatorios y una cámara colocada en una esquina puede observar lo que antes escapaba a diez policías.

La modernización policial, por tanto, no es absurda ni innecesaria. Lo cuestionable aparece cuando la tecnología se convierte en propaganda y las palabras comienzan a sustituir los resultados. La inteligencia artificial podrá ayudar a identificar vehículos, rostros o patrones delictivos, pero no resolverá por sí sola el sicariato, el narcotráfico, la exclusión social, el abandono educativo ni la concentración de la riqueza. Ningún algoritmo corrige la injusticia que una sociedad se niega a mirar.

Pero desde aquel octubre de 2024 hemos avanzado hacia una distorsión todavía más peligrosa. Ya no se exagera únicamente la capacidad de una policía municipal: ahora se manipula el significado mismo de las instituciones.

Desde el Gobierno se habla de un supuesto “golpe de Estado” ejecutado por el Poder Judicial. Se insinúa, además, que este dispone de una especie de milicia capaz de imponerse sobre el Ejecutivo. La afirmación no resiste una lectura elemental de la Constitución.

Costa Rica no tiene ejército como institución permanente. El artículo 12 constitucional lo proscribe y establece, para la vigilancia y conservación del orden público, las fuerzas de policía necesarias. Por su parte, el artículo 140 dispone que corresponde al presidente de la República y al ministro respectivo utilizar la Fuerza Pública para preservar el orden, la defensa y la seguridad del país. Es decir: la fuerza encargada del control territorial y del orden público se encuentra bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo.

El Poder Judicial cuenta con el OIJ, ciertamente armado y con facultades policiales, pero no con una milicia. El OIJ es una policía judicial especializada: investiga delitos, reúne pruebas, identifica sospechosos, practica detenciones conforme al ordenamiento y ejecuta disposiciones de los tribunales. No administra el orden público nacional, no gobierna el país ni dispone de una fuerza militar capaz de deponer al Ejecutivo. Su dependencia institucional de la Corte Suprema busca precisamente que la investigación criminal no quede sometida al poder político de turno.

Confundir policía judicial con milicia no es una imprecisión inocente. Es fabricar ante la ciudadanía la imagen de un poder armado y conspirador. Bajo esa ficción, una sentencia contraria al Gobierno deja de ser un acto jurisdiccional y se convierte en una agresión; un magistrado deja de ser un juez y pasa a ser un golpista; cumplir la Constitución empieza a parecer una conspiración contra quien gobierna.

Un golpe de Estado no ocurre porque un tribunal limite al Ejecutivo, anule una decisión o le ordene respetar la legalidad. Eso se llama control constitucional y forma parte del funcionamiento normal de una república dividida en poderes. Si cada resolución desfavorable pudiera presentarse como golpe de Estado, cualquier gobernante tendría a mano la excusa perfecta para desconocer los fallos judiciales.

Estamos, entonces, ante una forma de alarmismo verbal: se anuncia una catástrofe institucional que quienes la proclaman saben materialmente imposible, pero cuya sola repetición produce ruido, miedo y distracción. Mientras discutimos si unos magistrados imaginarios avanzan sobre Casa Presidencial al mando de una milicia inexistente, dejamos de hablar de seguridad, narcotráfico, sicariato, educación, pobreza, corrupción y resultados de gobierno.

En 2024 sonreíamos ante una policía municipal que hablaba de “inteligencia artificial con análisis” y “sistemas de bioprotección” para explicar la captura de un presunto acosador. En 2026 debemos escuchar, con bastante menos humor, a un Gobierno invocar golpes de Estado y fuerzas judiciales insurrectas para desacreditar los límites que la Constitución le impone.

Cómo hemos cambiado. Antes la terminología pomposa servía para hacer parecer extraordinario un operativo policial probablemente ordinario. Ahora sirve para hacer parecer criminal el funcionamiento ordinario de la democracia.

En aquel texto terminé diciendo que escribía mientras escampaba y que seguramente después me llovería diferente.

Así fue. Ahora no solo llueve diferente: también pretenden convencernos de que el agua viene armada.